La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006 supuso un hito para impulsar el tratamiento jurídico y social para las personas con discapacidad. Este tratado internacional consolidó de manera definitiva el modelo social: la discapacidad ya no se concebiría como una situación vinculada a las “minusvalías” que deba ser curada o tutelada.

Hoy podemos entender la discapacidad como el resultado de la interacción entre las limitaciones funcionales de la persona y las demandas, barreras y apoyos disponibles en el entorno (Schalock, 2002) que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad.

Sin embargo, dos décadas después de su promulgación, la brecha estructural entre la formalidad plasmada en los textos legales y la realidad social sigue vigente. En el caso de España, analizar esta distancia requiere contrastar sus grandes hitos legislativos con las observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, bajo la luz de una meta mucho más ambiciosa: el paso definitivo de la simple inclusión planteada hacia el paradigma de la ciudadanía compartida.

Luces y sombras del cumplimiento en España

España fue uno de los estados pioneros en ratificar la Convención y su Protocolo Facultativo. En los últimos años, el país ha implementado reformas jurídicas de importancia estructural que merecen reconocimiento, como la reforma del Código Civil en materia de capacidad jurídica, que eliminó de raíz la figura de la incapacitación jurídica para sustituirla por un modelo basado en la provisión de apoyos respetuosos con las preferencias y la voluntad de la persona. Asimismo, se logró el derecho universal al voto, eliminando las restricciones arbitrarias que apartaban a miles de ciudadanos del espacio político. 

Pese a estos innegables avances normativos, los informes periódicos y las observaciones finales emitidas por el Comité de la ONU revelan que el Estado español necesita implementar mejoras.

Una de las llamadas de atención más importantes del Comité se centra en el ámbito educativo, donde se señala la necesidad de implementar medidas suficientes para una verdadera educación inclusiva. Igualmente ponen el acento en aspectos relacionados con la institucionalización y la necesidad de pasar de un modelo de grandes centros residenciales a un modelo basado en el tejido comunitario y que promueva la inclusión real de las personas.

El paradigma de la Ciudadanía Compartida

Para superar la inercia de las deficiencias estructurales señaladas por la ONU, el enfoque social clásico de los derechos debe converger con el paradigma de la ciudadanía compartida, impulsado en la literatura científica por autores como Robert L. Schalock y Miguel Ángel Verdugo. Este planteamiento teórico da un paso cualitativo crucial: no basta con minimizar barreras (accesibilidad) o con asumir la presencia (integración); se requiere tomar conciencia de que las personas con discapacidad son miembros de pleno derecho con idéntico valor, que participan, deciden y contribuyen activamente a todos los pilares del tejido social. Y todos somos corresponsables para impulsar las medidas y generar las oportunidades necesarias para hacerlo realidad.

El camino hacia la inclusión plena

Llevar este paradigma de la teoría a la práctica en España demanda una hoja de ruta transversal en tres ejes estratégicos: 

• Sostenibilidad del empleo: Impulsar el empleo de las personas con discapacidad intelectual, así como fomentar el tránsito del empleo protegido segregado hacia un mercado de trabajo abierto, con cuotas efectivas de reserva y adaptaciones reales del puesto, es uno de los principales retos a afrontar.
• Aseguramiento de los recursos: Es clave dotar de estabilidad los recursos de apoyo para desarrollar planes personalizados en base a las necesidades de apoyo y la voluntad de las personas.
• Transformación cultural: Es importante incluir de manera sistemática y vinculante a las propias personas con discapacidad y a sus organizaciones representativas en el diseño e implementación de las políticas públicas, ya que estas impactan directamente en sus vidas.

En conclusión, una adecuada prestación de apoyos, la participación de las personas, avanzar hacia una ciudadanía plena y el ejercicio de derechos debe ser una realidad construida en el día a día por todos y sustentada legítimamente por un marco normativo igualitario.

Autora: Laura Calero. Directora del Centro de Futuro Singular Córdoba en Palma del Río