¿Qué es la accesibilidad cognitiva y por qué es esencial?

La accesibilidad cognitiva, reconocida ya en la legislación española, se refiere a la cualidad que tienen los entornos, procesos, productos y servicios cuando resultan fáciles de comprender y utilizar. Este concepto va más allá de la accesibilidad física o sensorial, que la mayoría de la sociedad acepta sin discusión, por ejemplo, nadie cuestiona la necesidad de una rampa para una persona en silla de ruedas. Sin embargo, las adaptaciones cognitivas siguen siendo una práctica poco desarrollada y, en muchos casos, difíciles de asumir. Para una persona con discapacidad intelectual, una señal confusa, un formulario complejo o unas instrucciones técnicas pueden convertirse en una barrera tan infranqueable como un escalón, para alguien que va en sillas de ruedas.

El respaldo normativo: de la intención a la obligatoriedad

El marco legal ha dado un paso decisivo en este terreno. La Ley 6/2022, de 31 de marzo, incorporó la accesibilidad cognitiva al Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, otorgándole rango legal propio y estableciendo su obligatoriedad en ámbitos tan diversos como la educación, la sanidad, la justicia, los transportes o los medios de comunicación. A partir de ahí, se abrió un plazo de tres años para el desarrollo de un reglamento que concretara las condiciones básicas que deben cumplirse en esta materia.

Más recientemente, la Ley 11/2023, que transpone la Directiva Europea 2019/882, ha introducido nuevas obligaciones sobre productos y servicios digitales, incluyendo aplicaciones móviles, páginas web, sistemas de pago o cajeros automáticos. Desde el 28 de junio de 2025, los dispositivos y servicios de nueva implantación deberán ser accesibles, mientras que los existentes tendrán hasta 2030 para adaptarse. En este sentido, la accesibilidad cognitiva se suma a las exigencias técnicas de accesibilidad física y digital, garantizando que las personas puedan comprender y utilizar la información en igualdad de condiciones.

Ámbitos de aplicación: hacia la autonomía total

La accesibilidad cognitiva debe aplicarse en todos los escenarios en los que una persona interactúa con su entorno. En el espacio público, esto significa que ayuntamientos, colegios, centros cívicos, estaciones de tren, transportes públicos y privados, museos, centros comerciales o restaurantes cuenten con señalización clara, pictogramas, mensajes comprensibles y entornos que faciliten la orientación y la autonomía.

Pero no se trata sólo de espacios físicos. La información y la documentación juegan un papel esencial. Formularios administrativos, recetas médicas, manuales de montaje, etiquetas de productos o incluso la pantalla de un cajero automático deben presentarse en un lenguaje sencillo, con frases cortas, apoyos visuales e instrucciones claras. Lo mismo ocurre con los servicios digitales: páginas web y aplicaciones deben cumplir pautas de accesibilidad que aseguren no sólo su navegación técnica, sino también su comprensión por parte de personas con discapacidad intelectual.

En la administración pública y en la justicia, la accesibilidad cognitiva implica que los trámites, procedimientos y sistemas de atención ciudadana sean claros y comprensibles, incorporando recursos como la lectura fácil, los pictogramas o alternativos de comunicación. Además, la normativa contempla su inclusión en planes de emergencia y protección civil, donde la comprensión rápida y sin ambigüedades puede resultar vital.

Obligaciones y oportunidades: el imperativo legal y su impacto social

La legislación ya establece la obligatoriedad de la accesibilidad cognitiva en los servicios públicos, la administración, la justicia, el transporte y los entornos digitales. Aunque todavía está pendiente el desarrollo reglamentario que concrete los estándares técnicos, la dirección está marcada: los espacios, productos y servicios deben ser comprensibles para todas las personas. El incumplimiento de estas obligaciones prevé sanciones económicas importantes, además de la exclusión de ayudas públicas y el riesgo reputacional para aquellas entidades que no se adapten.

Ahora bien, más allá del cumplimiento normativo, la accesibilidad cognitiva debe entenderse como una oportunidad. El tejido empresarial puede convertirla en un elemento diferenciador y de responsabilidad social, ofreciendo servicios más inclusivos no sólo a personas con discapacidad intelectual, sino también a personas mayores, migrantes con dificultades lingüísticas u otros colectivos que se benefician de una comunicación clara.

Concienciación: sociedad, empresas y administración pública

La accesibilidad cognitiva no puede quedarse en una obligación legal; requiere también un cambio cultural y social. Es necesario que la sociedad en su conjunto comprenda que se trata de un derecho y no de un gesto de buena voluntad. Para ello, es imprescindible la sensibilización de la ciudadanía, la formación del personal de la administración y de los servicios públicos, y el compromiso decidido de las empresas. Sólo así conseguiremos que la accesibilidad cognitiva deje de ser una excepción y se convierta en una práctica habitual en todos los ámbitos de la vida.

Conclusión

La accesibilidad cognitiva es ya un derecho consolidado en la legislación española. Su desarrollo práctico marcará la diferencia entre una inclusión formal y una inclusión real, en la que las personas con discapacidad intelectual puedan desenvolverse con autonomía en su entorno. En la Fundación Futuro Singular Córdoba creemos que este es el momento de liderar y demostrar que es posible construir entornos comprensibles, accesibles y verdaderamente inclusivos.