En la actualidad, en nuestro vocabulario adaptado a los cambios de paradigmas, relacionados con la atención a las personas con discapacidad intelectual, suelen confluir estas palabras: inclusión, independencia, autonomía y participación activa en la comunidad. Estos cuatro términos son cuatro realidades a alcanzar, cuatro propósitos, cuatro metas que se van materializando con el trabajo desarrollado por entidades como Futuro Singular Córdoba y Plena Inclusión.

Independencia, inclusión, autonomía y participación activa en la comunidad confluyen en sí mismas en un proyecto de vida para la persona con discapacidad intelectual: la vivienda tutelada.

Ya nos dice el artículo 19 de la  Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que “las personas con discapacidad deben tener la opción de vivir en forma independiente, ser incluidas en la comunidad, elegir dónde y con quién vivir y tener acceso a servicios de apoyo en el hogar, en residencias y en la comunidad»

Desinstitucionalización de los servicios de vivienda

Es por ello que nuestra entidad, teniendo una filosofía de futuro para las personas con discapacidad intelectual y viendo los resultados positivos en otras entidades y organizaciones a nivel nacional, aspira y confía en la necesidad de una transición: la desinstitucionalización de los servicios de Vivienda. La necesidad de pasar de un enfoque asistencial, grupal, descontextualizado, dependiente y con apoyos continuos…. a un enfoque de vida en comunidad, de atención a las necesidades individuales de la persona con discapacidad intelectual, de contextualización de la vivienda en zonas urbanas y con accesibilidad a los servicios públicos y de la comunidad, de fomento de la autonomía plena y con apoyos puntuales de supervisión y orientación.

Todos/as en nuestra vida pretendemos, tras un “entrenamiento vital” donde han participado nuestras familias, nuestro contexto inmediato, la educación (profesores, maestros y orientadores), llegar a un estado de libertad,  de tener la opción de independizarnos y poder vivir de forma pena y autónoma. Las personas con discapacidad intelectual también anhelan llegar a ese estado. Ellos y ellas también quieren ser protagonistas de su propia historia y no estar siempre en el guion de otros que “le llevan de la mano”.

Viviendas tuteladas

Las viviendas tuteladas dan la opción, además, de que las personas con discapacidad intelectual puedan socializar y compartir de forma estable: tiempo, experiencias y tareas con otras personas que no son de su círculo familiar, algo que les puede enriquecer en su desarrollo e inclusión social. La vivienda tutelada adquiere tal dimensión comunitaria que el impacto en las personas (persona, familia, contexto)  es mucho más observable.

En el segundo seminario online que Plena Inclusión celebró el 19 de Mayo del pasado año ( “Desinstitucionalización”) en el que se habló  de experiencias y estrategias de tránsito desde ámbitos institucionalizados a otros de “vida elegida” por las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, Patricia Navas, de INICO, ya comentó la investigación que estaba llevando a cabo en referencia al Proyecto MI CASA (recogió testimonios de familias) donde se arrojaban resultados muy positivos en bienestar emocional, calidad de vida, etc. en un grupo de 60 personas con discapacidad intelectual al pasar a una vivienda/piso tutelado compartido.

Tener una vivienda en plena ciudad/pueblo, estar a unos minutos andando del transporte público (para ir a un médico, al cine, a visitar a la familia, a un trámite, etc.), comprar en el supermercado del barrio, ir al gimnasio,  tomar un café en el bar con los amigos/as, etc., es una realidad a la que todos/as accedemos sin ser conscientes del impacto en nuestras vidas porque lo tenemos por cotidiano, pero para una persona con discapacidad intelectual que ha estado en residencia y trabajando para vivir con independencia se puede convertir en VIDA y plena felicidad.

Acceso a una vivienda tutelada

Los requisitos para acceder u optar a una vivienda tutelada están claros para las administraciones públicas: Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, tener entre 18 y 50 años, aunque el requisito de la edad puede cambiar dependiendo de cada comunidad autónoma y presentar un nivel alto de autonomía personal.

La dificultad no está tanto en los requisitos como en la falta de apuesta decidida por parte de las administraciones que hasta ahora se han enfocado hacia un modelo residencial sin tener en cuenta la necesidad de llevar hacia adelante los proyectos de vida independiente que muchas entidades y organizaciones están llevando a cabo. También, a veces, las familias sienten que sus hijas/os pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad que en un entorno residencial. No obstante, se está produciendo un importante giro que lleva a que las familias cada vez demanden dispositivos de apoyos más inclusivos.  

Pero hay que dar un paso hacia adelante y dar confianza a esas familias e instituciones a través de ese “entrenamiento previo” (proyectos de vida independiente en los centros), de orientación e información, de visualizar las opciones y oportunidades en un contexto comunitario, de los beneficios emocionales y psicológicos en sus familiares, de que escuchen sus deseos, sus elecciones y metas en la vida futura. Ya decía un sabio que quien no arriesga no gana. El riesgo de vivir con pleno derecho como ciudadano, de vivir en libertad, con autonomía y en un contexto de igualdad de oportunidades con sus ventajas y desventajas (como cualquiera de nosotros/as) es un riesgo que sin duda merece la pena correr.

Autor: Dionisio Millán. Director del Centro Futuro Singular Córdoba en Castro del Río.