A lo largo de los últimos dieciséis años se han producido importantes cambios legislativos que están impulsando el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad

El primer hito relevante en este sentido se produce el 13 de diciembre de 2006 con la aprobación por parte de la ONU de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad y fue ratificada por España el 3 de diciembre de 2007. Lo que ha permitido que, en nuestro país, aunque de manera lenta, se hayan ido incorporando diferentes cambios legislativos a favor de los derechos de las personas con discapacidad.

Sin duda el más relevante de ellos ha sido la aprobación de la ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta ley permite que las medidas relacionadas con el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad se tomen en base al respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas, situando el marco general de las decisiones en la propia persona. Y para que esto sea efectivo, se pondrán en marcha todos los apoyos necesarios.

No obstante, la aprobación de esta ley también ha generado un movimiento, si no en contra de la misma, poco favorecedor de esta, por la revolución que supone este nuevo enfoque y el giro radical que supone en muchas prácticas que hasta el momento estaban afianzadas con fuerza como podían ser las incapacitaciones totales.

Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia

Por otra parte, el 14 de diciembre de 2006 se aprueba la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que vino a establecer el cumplimiento del derecho subjetivo de las personas a la promoción de su autonomía y a la atención en situaciones de dependencia, a la vez que se creaba el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia.

Dificultades a pesar de la legislación

Todo esto ha permitido dotarnos de herramientas legales y administrativas para una mejor prestación de los apoyos a las personas con discapacidad. No obstante, a lo largo de estos años también hemos podido constatar que no se han ido realizando los ajustes necesarios para que el sistema de apoyos para las personas con discapacidad, y más concretamente a las personas con discapacidad intelectual, sea eficaz.

Quizás la principal dificultad es que el despliegue de las medidas se ha centrado en la “dependencia” y no en la promoción de la autonomía personal. Si además tenemos en cuenta que la mayoría de los dispositivos de apoyo siguen estando bajo un paraguas normativo muy anterior a estas leyes, nos encontramos con un marco poco favorecedor para el desarrollo de prácticas comunitarias o centradas en las personas.

Por otra parte, a estos dispositivos de apoyos solo se puede acceder a través del sistema de autonomía. Si tenemos en cuenta que el baremo de valoración no se ajusta a las necesidades de personas con discapacidad intelectual, nos encontramos con el hecho de que muchas personas se quedan sin poder acceder a estos recursos, como pueden ser personas con discapacidad intelectual y sin grado en el sistema de valoración o con grado uno, que es insuficiente para acceder a la mayoría de los recursos.

Mayor impacto en la calidad de vida de las personas

Como podemos ver contamos con herramientas jurídicas y normativas que nos permiten seguir impulsando los derechos de las personas con discapacidad y prestar los apoyos y servicios necesarios de una manera distinta a la realizada hasta este momento, aunque tenemos que acelerar en la implementación de las modificaciones necesarias para que estos cambios tengan un mayor impacto en la vida de las personas con discapacidad.