En las personas con discapacidad intelectual hay una transición muy marcada en el momento en que llegan a la vida adulta y comienzan a plantearse una vida independiente. Actualmente podemos identificar diferentes recursos para que las personas puedan vivir, ya sea de forma temporal o permanente.

En este proceso intervienen varios factores; empezando por la intensidad y frecuencia de los apoyos que la persona requiere, pasando por otros como la situación familiar y económica o por la propia decisión personal. Lo más importante de este proceso, sin ninguna duda, es buscar respuesta a preguntas como ¿Dónde quiero vivir? ¿Con quién me gustaría vivir? ¿Qué tipos de apoyo necesitaré?

Tipos de recursos

Servicio de atención residencial: son recursos destinados al acogimiento y convivencia, de asistencia integral a las actividades de la vida diaria. Garantizando la calidad de vida y una atención personalizada adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía y potenciando sus capacidades.

Servicio de viviendas tuteladas: suelen ser pisos o casas que se habilitan para que varias personas puedan compartir piso y vivir de forma más autónoma con el apoyo y la asistencia de la entidad que supervise el servicio. Se potencian las habilidades de la vida diaria, así como el ocio, el empleo, relaciones personales, etc.

Vida independiente: la persona con discapacidad intelectual vive sola o con la persona que decida y es responsable y autosuficiente para vivir emancipado y hacer frente a facturas, compras, relación con vecindario y gestión del tiempo.

En los últimos años ha habido muchas reflexiones sobre la manera de entender la discapacidad, lo que nos ha llevado a algunas conclusiones. Entendemos que vivir de forma independiente y en comunidad es para las personas con discapacidad un gran reto, ya que a día de hoy siguen encontrando numerosas barreras para vivir en entornos comunes.

Derecho de las personas a decidir

Las personas con discapacidad se encuentran con muchas dificultades para lograr su proyecto de vida a pesar de la ratificación por parte de España en 2007 de la convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 19 reconoce el derecho de la persona para decidir dónde y con quién vivir, y a recibir los apoyos necesarios para vivir de forma independiente e inclusiva en la comunidad.

En 2013 se aprueba mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013 el texto Refundido de la Ley General de derecho de las personas con discapacidad y de su inclusión. En relación a la vida independiente, el artículo 2 la define como:

“la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. “(Artículo 2, Texto Refundido 2013).

Derecho a la vida independiente

El capítulo V del Texto refundido se centra exclusivamente en el “Derecho de la vida independiente”, resumiendo el contenido:

• Insta a los poderes públicos a garantizar la accesibilidad universal de los servicios e instalaciones públicas, así como la no discriminación: en el empleo, medios de transporte, administración pública, a la utilización de bienes económicos, etc.
• Establece normas de edificación para la accesibilidad de las personas con discapacidad, así como insta a los ayuntamientos y encargados de planificar los planes de movilidad a facilitar el estacionamiento de vehículos para personas con problemas de movilidad.
• Se programa un mínimo de un 4% de viviendas protegidas que garanticen la accesibilidad, comodidad y seguridad de las personas con discapacidad. Así mismo se contempla la rehabilitación de la vivienda para que resulte totalmente accesible.

Recursos insuficientes

Sin embargo debemos remarcar que de la provisión de viviendas protegidas es insuficiente para cubrir las necesidades, ya que sólo ofrece un 4%. Evidentemente este porcentaje tan bajo no garantiza que todas las personas con discapacidad y que no disponen de recursos suficientes puedan gozar de su derecho a una vida independiente.

A todo ello, hay que añadir las medidas tan limitadas para su contratación como trabajadores. Indigna que una de esas medidas sea exigir solamente la contratación de un mínimo del 2% de su plantilla de personas con discapacidad a empresas con más de 50 trabajadores.

Hay muchas personas con discapacidad que luchan por una vida independiente, y para lograrlo, recorren un largo camino en el que deben esquivar los obstáculos que a su paso se encuentran. La administración no se lo facilita demasiado, ya que desgraciadamente en algunos aspectos, no gozan de igualdad de condiciones y su inclusión no es a día de hoy tan fácil como se quisiera. Hemos avanzado mucho, pero aún queda mucho camino por recorrer.

Autora:

Isabel María Ruiz González.

Responsable Técnico Residencia de Adultos.